El Gobierno Nacional ha oficializado su intención de tramitar una nueva reforma tributaria, denominada ley de financiamiento, con el objetivo de recaudar $26,3 billones adicionales. Esta medida es presentada como un pilar fundamental para equilibrar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2026, que asciende a $556,9 billones y que, según admite el propio gobierno, se encuentra desfinanciado. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue el encargado de presentar los lineamientos generales de la propuesta ante las comisiones económicas del Congreso. Explicó que la reforma es indispensable no solo para cubrir el faltante presupuestal de un año, sino para garantizar la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la regla fiscal en el mediano plazo.
Según las cifras expuestas, del total del presupuesto, $365,7 billones (65,7 %) se destinarían a funcionamiento, mientras que solo $88,8 billones (15,9 %) irían a inversión.
La iniciativa busca generar un “gran pacto fiscal” para enfrentar la coyuntura económica y asegurar los recursos para las prioridades del gobierno, como la transición energética, la seguridad ciudadana y la inversión social. El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, señaló que esta nueva reforma es “tres veces más grande que la que fue aprobada en el primer año de mandato”, lo que evidencia su ambición y la magnitud del desafío fiscal que enfrenta el país. La propuesta se radicará formalmente en los próximos días y su debate se anticipa complejo, dada la actual coyuntura política y las críticas sobre el elevado nivel de gasto público.
En resumenLa nueva reforma tributaria es la principal apuesta del Gobierno para cerrar la brecha fiscal del presupuesto de 2026. Con una meta de recaudo de $26,3 billones, la iniciativa es crucial para la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque enfrenta un panorama político y económico desafiante.