Esto sugiere que los impuestos ya existentes sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados podrían ser revisados o incrementados.
De igual manera, el impuesto al carbono, que grava los combustibles fósiles, podría ser ajustado para desincentivar su uso y promover la transición hacia energías más limpias, una de las banderas del actual gobierno. Algunos artículos señalan que esto podría traducirse en una gasolina más costosa para los consumidores.
El presidente Petro ha defendido la necesidad de eliminar los subsidios a los hidrocarburos como una cuestión “de vida o muerte” y promover una transición acelerada hacia la movilidad eléctrica.
La reforma, por tanto, no solo tendría un componente recaudatorio, sino también un enfoque estructural y ambiental.
Estos ajustes se suman a los incrementos propuestos para licores y tabaco, consolidando una estrategia fiscal que utiliza los impuestos como herramienta para modelar comportamientos de consumo y avanzar en la agenda climática y de salud del país.