La necesidad de una nueva reforma tributaria está intrínsecamente ligada al abultado déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). El Gobierno ha identificado este fondo como una de las principales causas del desajuste fiscal del país, con pagos acumulados que superan los $80 billones entre 2022 y 2025. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en señalar que la deuda del FEPC, generada por subsidiar la gasolina principalmente a los sectores de mayores ingresos durante el gobierno anterior, fue uno de los “mayores errores fiscales de los últimos tiempos”. En su cuenta de la red X, afirmó: “Jamás se debió pagar el déficit de la gasolina con recursos del presupuesto.
Eso constituyó un subsidio inconstitucional que terminó beneficiando a los más ricos a costa de los más pobres”.
En este contexto, la reforma tributaria no solo busca financiar el presupuesto, sino también corregir esta situación.
Se contempla un mecanismo de contribución especial sobre la gasolina para que quienes más se beneficiaron del subsidio contribuyan a saldar la deuda histórica. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, también ha señalado que la destinación de casi $80 billones a estos subsidios es una de las causas principales del déficit. El Gobierno actual ha avanzado en el desmonte gradual del subsidio, ajustando el precio de la gasolina y retirando el beneficio a grandes consumidores de diésel, pero la deuda acumulada sigue representando una pesada carga para las finanzas públicas que la nueva ley de financiamiento pretende aliviar.
En resumenEl Gobierno justifica la reforma tributaria como una medida necesaria para corregir el déficit fiscal causado por la deuda del FEPC, que supera los $80 billones. La propuesta incluye impuestos a los combustibles para que los sectores más beneficiados por los subsidios pasados contribuyan a pagar la deuda acumulada.