Estas medidas tienen un doble objetivo: generar mayores ingresos fiscales y desincentivar conductas perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública.
Dentro de los pilares de la nueva ley de financiamiento, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó la necesidad de "fortalecer los esquemas de tributación del impuesto al carbono, el impuesto al consumo y de los impuestos saludables". En el frente ambiental, el presidente Petro ha defendido la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos como una cuestión "de vida o muerte" y la reforma busca ser coherente con esta visión, promoviendo una transición hacia la movilidad eléctrica al encarecer los combustibles fósiles a través del impuesto al carbono. Esto se traduce en una gasolina más costosa, una medida que se alinea con el objetivo de saldar la deuda del FEPC. En cuanto a los impuestos saludables, la propuesta apunta a que algunos alimentos, como galletas, papas y gaseosas, serían más costosos, continuando la línea de la reforma anterior que introdujo gravámenes a los ultraprocesados y bebidas azucaradas. Estas medidas, justificadas por el Gobierno en criterios de salud pública y redistributivos, forman parte de un enfoque estructural que utiliza la política fiscal como una herramienta para modelar comportamientos sociales y alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, más allá del simple recaudo.