Esta medida busca recaudar fondos para el presupuesto de 2026 y atender externalidades negativas en salud pública. La nueva ley de financiamiento, que el Gobierno espera radicar próximamente en el Congreso, es una pieza clave para asegurar la sostenibilidad fiscal del país y financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha confirmado que la iniciativa busca recaudar $26,3 billones y que uno de sus pilares será "gravar el consumo de licores y tabaco, considerando las externalidades negativas que generan". Esta propuesta amplía el interés previo del Gobierno de gravar productos como los vapeadores, incluyendo ahora a las bebidas alcohólicas, que ya tributan de manera significativa desde la Ley de Licores de 2016. La justificación del Gobierno es doble: por un lado, incrementar el recaudo para cerrar la brecha fiscal y, por otro, desincentivar el consumo de productos que tienen un impacto negativo en la salud pública, cuyos costos son asumidos por el Estado. Aunque el ministro Ávila no entregó detalles específicos sobre las nuevas tarifas, la medida se enmarca en una estrategia más amplia que también contempla fortalecer los impuestos saludables y al carbono. La propuesta forma parte de un paquete integral que, según el Gobierno, no afectará a los productos de la canasta básica familiar, sino que se concentrará en bienes y servicios consumidos mayoritariamente por personas de altos ingresos y en productos con externalidades negativas.