En respuesta, Apple y Google colaboraron para desarrollar su propio sistema de notificaciones de exposición, una API descentralizada que priorizaba el anonimato y el consentimiento del usuario. Al integrar esta tecnología directamente en sus sistemas operativos (iOS y Android), las dos compañías establecieron de facto el estándar global para el rastreo de contactos digital.

Al hacerlo, se enfrentaron a los gobiernos que exigían un mayor control sobre los datos, posicionándose como “defensoras de la libertad” y la privacidad individual. Este episodio fue significativo porque demostró la capacidad de las plataformas tecnológicas para actuar como entidades cuasi soberanas, estableciendo reglas que los estados debían seguir si querían que sus aplicaciones funcionaran en la gran mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo. La decisión de Apple reforzó su imagen de marca como una empresa centrada en la privacidad, pero también subrayó la creciente tensión entre el poder de Silicon Valley y la autoridad de los gobiernos democráticos.