El objetivo declarado era crear un sistema de identidad digital universal. Sin embargo, la SIC determinó, mediante la Resolución 78798, que la compañía no informó de manera clara las finalidades del tratamiento de los datos y condicionó el consentimiento al incentivo económico, violando el principio de libertad. La investigación encontró que las empresas carecían de políticas de tratamiento de datos adecuadas, no tenían procedimientos para atender reclamos y no implementaron medidas de seguridad suficientes. Como resultado, la SIC ordenó la supresión de todos los datos recolectados en el país. El presidente Gustavo Petro respaldó la medida, afirmando en su cuenta de X que “datos sensibles como el iris de los ojos no pueden ser entregados simplemente por dinero”. Por su parte, World Foundation manifestó su desacuerdo, calificando la resolución como “preliminar” y basada en “políticas desactualizadas”, y anunció que presentará recursos para continuar operando.

El gremio Alianza In también expresó preocupación, pidiendo un “diálogo objetivo y técnico” y señalando la paradoja de sancionar una iniciativa de innovación tecnológica.

El caso se suma a investigaciones similares contra Worldcoin en países como España, Argentina y Chile.