Sostenibilidad pensional en jaque: el decreto que enfrenta al Gobierno con los gremios del sector

Un proyecto de decreto del Gobierno Nacional que busca modificar el cálculo de las pensiones ha generado una fuerte alerta por parte de los gremios de fondos de pensiones y aseguradoras, quienes advierten que la medida podría dificultar el acceso a la pensión para millones de colombianos y comprometer la sostenibilidad del sistema.

Los gremios de los fondos privados de pensiones (Asofondos) y de las aseguradoras (Fasecolda) han expresado su profunda preocupación por un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que modificaría una regla clave del sistema pensional colombiano. La controversia se centra en el cambio al mecanismo conocido como “deslizamiento del salario mínimo”, el cual garantiza que las pensiones de la población más vulnerable aumenten anualmente a la par del salario mínimo. El ajuste anual se compone de tres factores: inflación, productividad y un “componente político” discrecional del Gobierno.

Actualmente, los ahorros de los afiliados cubren los dos primeros, mientras que el Estado asume el tercero. La propuesta del Gobierno es dejar de cubrir plenamente este componente político, trasladando una porción de este costo directamente a los futuros pensionados. Según las estimaciones de los gremios, esta modificación obligaría a los trabajadores a aportar cerca de un 30 % más de capital para poder acceder a una pensión a través de una renta vitalicia.

Como consecuencia, menos colombianos lograrían pensionarse y quienes lo consigan recibirían mesadas más bajas.

La medida también afectaría a miles de personas que, sin cumplir el requisito de semanas, hoy pueden pensionarse al contar con un capital suficiente, una vía que se dificultaría por el mayor monto de ahorro exigido. Otro de los efectos adversos señalados es el riesgo para el seguro previsional, que ampara a cerca de 20 millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual (RAIS) en casos de invalidez o muerte. El encarecimiento del seguro lo haría inviable para las aseguradoras, dejando desprotegidos a millones de trabajadores y sus familias.

Si este aseguramiento deja de ser viable, la Nación tendría la obligación constitucional de asumir estas pensiones. Aunque el decreto podría generar un ahorro fiscal a corto plazo de 2 billones de pesos, crearía una nueva obligación para el Estado estimada en 2 billones de pesos en promedio anual durante los primeros diez años. Ante este panorama, los gremios han solicitado al Gobierno abrir espacios de diálogo técnico para evaluar el impacto sistémico de la norma.