La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha condenado enérgicamente los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, calificándolos como posibles "ejecuciones extrajudiciales" y una violación del derecho internacional. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió el cese inmediato de estas operaciones que han dejado más de 60 muertos. En un comunicado contundente, Türk afirmó que "estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables", y subrayó que las muertes se produjeron en circunstancias que "no tienen justificación dentro de la legislación internacional". La ONU rechaza el argumento de Washington de que las operaciones se enmarcan en un conflicto armado contra los cárteles, sosteniendo que, al no existir una guerra declarada, deben prevalecer las normas de derechos humanos que limitan estrictamente el uso de la fuerza letal. Según el organismo, ninguna de las personas a bordo de las lanchas parecía representar una amenaza inminente que justificara su muerte. La portavoz Ravina Shamdasani precisó que el combate al narcotráfico es un asunto de cumplimiento de la ley que requiere procedimientos como la interceptación y captura de sospechosos, no acciones militares de esta naturaleza.
La ONU ha solicitado a Estados Unidos investigaciones "rápidas, independientes y transparentes" sobre estos homicidios.
La condena internacional se suma a las críticas de líderes regionales, como el presidente Gustavo Petro, quien lamentó el "silencio" de América Latina frente a lo que considera una grave violación de la soberanía y los derechos humanos. La postura de la ONU aísla diplomáticamente a Estados Unidos en su estrategia y legitima las denuncias de países como Venezuela y Colombia.
En resumenLa ONU ha calificado los ataques letales de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe como "ejecuciones extrajudiciales", exigiendo su cese inmediato y una investigación transparente. Esta condena formal debilita la justificación de Washington sobre una "guerra contra las drogas" y refuerza las denuncias de violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos en la región.