Las acusaciones contra los detenidos eran variadas, incluyendo espionaje, conspiración y mercenarismo, y sus familiares habían denunciado la falta de un debido proceso. La Cancillería colombiana calificó la liberación como un "paso significativo" y un gesto humanitario, producto de una agenda binacional orientada al respeto de los derechos humanos.

Tras su llegada a Cúcuta, los liberados fueron recibidos por sus familias en emotivas escenas y el gobierno colombiano activó rutas de atención para facilitar su retorno a sus lugares de origen. A pesar de este avance, se estima que al menos 22 colombianos permanecen privados de la libertad en Venezuela, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que continuará las gestiones diplomáticas para lograr su liberación.