Estas acciones han sido calificadas por los gobiernos de Venezuela y Colombia como "ejecuciones extrajudiciales".

La tensión se intensificó con la llegada del destructor USS Gravely a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios militares conjuntos, lo que Caracas denunció como una "provocación hostil".

Como respuesta, Venezuela no solo ha puesto a sus Fuerzas Armadas en "máxima alerta", sino que también ha realizado sus propios ejercicios militares y suspendió los acuerdos energéticos con el país insular. El presidente Nicolás Maduro ha hecho llamados a la paz, pidiendo en inglés "Not crazy war, yes peace", mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha asegurado que el país enfrenta "la peor amenaza en más de 100 años". La situación ha generado reacciones internacionales; Rusia ha instado a EE.

UU. a respetar el derecho internacional, mientras que el presidente de Brasil, Lula da Silva, se ha ofrecido a mediar para evitar un conflicto mayor en una región que defiende como "zona de paz".