Sin embargo, esta postura ha sido ampliamente cuestionada.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que estos ataques constituyen “asesinatos extrajudiciales”, ya que no existe un conflicto armado que autorice dicho uso de la fuerza letal y no hay autorización del Congreso estadounidense. Expertos de la ONU también condenaron las operaciones, calificándolas como violaciones del derecho internacional y de la soberanía venezolana. La ofensiva, que comenzó en el Caribe cerca de las costas de Venezuela, se ha expandido al Pacífico, con ataques frente a Colombia. Los gobiernos de ambos países, así como el de México, han rechazado los bombardeos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, los calificó de “crímenes de guerra”.

La controversia se agudizó cuando dos sobrevivientes de un ataque a un semisumergible fueron repatriados a Ecuador y Colombia.

El ciudadano ecuatoriano fue liberado por falta de pruebas, lo que aumentó las dudas sobre la inteligencia que respalda estas operaciones letales.