Sin embargo, esta postura ha sido duramente criticada.

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, denunció que “no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza” y exigió una investigación. Los gobiernos de Colombia y Venezuela han calificado los ataques de “asesinatos” y han cuestionado la falta de pruebas presentadas por Estados Unidos para vincular a las embarcaciones con el narcotráfico. La controversia se agudizó con el caso de los dos únicos sobrevivientes de un ataque a un semisumergible, quienes fueron repatriados a Ecuador y Colombia después de que Washington no encontrara pruebas para procesarlos, lo que aumentó las dudas sobre la legalidad y la inteligencia detrás de estas operaciones letales.