Esta movilización, justificada por Washington como una operación antinarcóticos, es percibida por Caracas como una amenaza directa a su soberanía.

La presencia militar estadounidense en la región ha alcanzado niveles inéditos en décadas.

Además del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, el operativo incluye destructores como el USS Gravely, un submarino de propulsión nuclear, aviones de combate F-35, drones y cerca de 10.000 efectivos. El Pentágono ha declarado que el objetivo es “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales” y fortalecer la ofensiva antidrogas.

La llegada de un buque de guerra a Trinidad y Tobago, a escasos kilómetros de la costa venezolana, y el anuncio de ejercicios militares conjuntos con este país han sido interpretados como actos de provocación directa. El gobierno de Nicolás Maduro ha reaccionado enérgicamente, calificando el despliegue como una “guerra eterna” y una “grosera amenaza militar contra la región”. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el país enfrenta “la peor amenaza en más de 100 años” y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra en preparación constante. Expertos de las Naciones Unidas también han expresado su preocupación, calificando las acciones de Washington como una “escalada extremadamente peligrosa” que viola la soberanía venezolana y el derecho internacional. La situación ha generado alarma en la comunidad internacional, con analistas advirtiendo sobre el riesgo de un conflicto de mayores proporciones en el Caribe.