El gobierno de Estados Unidos confirmó la ejecución de un “ataque cinético letal” contra una embarcación operada por la banda criminal Tren de Aragua en el Mar Caribe. La operación, ordenada por el presidente Donald Trump, resultó en la muerte de seis tripulantes, a quienes el Departamento de Defensa calificó como “narco-terroristas”. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que la embarcación fue interceptada en una ruta conocida de narcotráfico mientras presuntamente transportaba drogas. La acción militar se enmarca en la designación del Tren de Aragua como una Organización Terrorista Designada (DTO) por parte de Washington. Hegseth emitió una dura advertencia a través de sus redes sociales: “Si eres un narco-terrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”. Este fue descrito como el primer operativo nocturno de este tipo contra organizaciones de narcotráfico en la región. La operación se suma a una serie de ataques navales realizados por Estados Unidos en el Caribe como parte de su estrategia para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.
Según los informes, ya son al menos ocho los ataques de este tipo, incluyendo uno reciente contra una nave presuntamente vinculada al ELN.
Expertos de la ONU han expresado su preocupación, señalando que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y violar el derecho internacional si se realizan sin un fundamento jurídico claro, ya que la designación de un grupo como terrorista por parte de un solo país no justifica automáticamente el uso de la fuerza letal en aguas internacionales.
En resumenEl ataque estadounidense contra una embarcación del Tren de Aragua evidencia una drástica intensificación en la estrategia de Washington contra el crimen organizado transnacional de origen venezolano. Al tratar a estos grupos como organizaciones terroristas y aplicar tácticas militares letales, Estados Unidos eleva la tensión en el Caribe y abre un complejo debate sobre la legalidad y las implicaciones de estas ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.
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