Mientras el gobierno colombiano confirmó el arribo del detenido para seguir el “debido proceso”, las autoridades ecuatorianas liberaron a su ciudadano al no encontrar antecedentes penales en su contra, aunque se informó que sus registros de viajes al extranjero estaban siendo revisados.

Este desenlace añade más interrogantes sobre la legalidad de los ataques, la calidad de la inteligencia utilizada por Estados Unidos para identificar los objetivos y el estatus jurídico de las personas involucradas.