Estas acciones han sido calificadas por expertos en derecho internacional y relatores de la ONU como ilegales y posibles ejecuciones extrajudiciales, al realizarse en aguas internacionales sin un debido proceso.

La situación ha afectado directamente a las comunidades pesqueras venezolanas, cuyos miembros ahora temen salir a faenar por miedo a ser confundidos con narcotraficantes o quedar atrapados en el fuego cruzado. Como respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ha activado un plan de defensa nacional denominado ‘Independencia 200’, que incluye la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el entrenamiento de milicias civiles y el refuerzo de la presencia militar en estados fronterizos con Colombia y en las zonas costeras. Maduro ha calificado el despliegue estadounidense como una “amenaza seria” y una “guerra psicológica” que busca justificar una intervención militar para un “cambio de régimen”.