Estas operaciones han elevado drásticamente la tensión con Venezuela y han generado un debate internacional sobre su legalidad y consecuencias humanitarias.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos seis ataques en aguas internacionales cerca de las costas venezolanas, resultando en la muerte de al menos 28 personas.

El presidente Donald Trump ha justificado estas acciones como parte de una campaña contra el narcotráfico, específicamente contra el denominado ‘Cartel de los Soles’, y ha calificado a las víctimas como “narcoterroristas”. En una de sus declaraciones, afirmó que los buques transportaban fentanilo y que la destrucción de una de las embarcaciones fue “un gran honor”. La controversia aumentó cuando, por primera vez, se reportaron dos sobrevivientes de un ataque a un semisumergible, un colombiano y un ecuatoriano, quienes serán repatriados a sus países de origen ante la falta de pruebas para procesarlos en Estados Unidos. La legalidad de estos “ataques cinéticos letales” ha sido cuestionada por expertos en derecho internacional y legisladores estadounidenses, quienes argumentan que el uso de fuerza letal sin un debido proceso podría violar normativas internacionales. La situación se complicó aún más cuando familiares de una de las víctimas, un ciudadano de Trinidad y Tobago, aseguraron que era un pescador inocente, lo que ha generado exigencias de pruebas que justifiquen los bombardeos. El gobierno venezolano ha condenado enérgicamente las operaciones, calificándolas de “agresión” e “intervencionismo”, y ha denunciado los hechos ante organismos internacionales.