La medida ha generado una fuerte preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la oposición, que alertan sobre la opacidad del decreto, cuyo texto completo no ha sido publicado. Existe el temor de que su aplicación pueda conducir a la restricción de derechos constitucionales y a un cierre aún mayor del espacio democrático en el país, permitiendo expropiaciones sin fórmula jurídica y la creación de una economía de guerra bajo el control del Ejecutivo.