Entre las propuestas concretas se encuentra la apertura de consulados en Puerto Carreño, Puerto Inírida, Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo para facilitar los trámites y formalizar las relaciones. Esta iniciativa sigue a un acuerdo similar firmado en julio para la región del Catatumbo, que involucra a Norte de Santander (Colombia) y los estados de Táchira y Zulia (Venezuela). A pesar del optimismo oficial, que califica el acto como "histórico", analistas citados en los artículos expresan escepticismo. Advierten que esta frontera es un corredor estratégico para actividades ilícitas como la minería ilegal de oro y el narcotráfico, en las que presuntamente estarían implicadas autoridades venezolanas, lo que pone en duda el compromiso real del gobierno de Maduro con la seguridad y el desarrollo sostenible en la región.