Esta medida, contemplada en la Constitución venezolana, le otorga amplios poderes especiales para enfrentar lo que su gobierno califica como una "amenaza" y una "agresión" inminente por parte de Washington. El decreto, presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se activaría "de manera inmediata" en caso de cualquier tipo de agresión contra el país y tiene una vigencia inicial de 90 días, prorrogables. Las facultades excepcionales que confiere a Maduro son extensas: le permite desplegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar control militar de infraestructuras estratégicas como servicios públicos y la industria de hidrocarburos, cerrar fronteras y activar a los 4,5 millones de milicianos que el chavismo asegura tener. Según el gobierno, el objetivo es "blindar constitucionalmente las acciones que corresponden al Estado venezolano en la defensa" de su soberanía e integridad. La medida fue adoptada en una reunión del Consejo de la Nación, donde Maduro afirmó que "Venezuela jamás será humillada por ningún imperio". Sin embargo, la activación de este estado de excepción ha generado una fuerte alarma entre organizaciones de derechos humanos y la oposición, quienes denuncian la opacidad del decreto y advierten sobre el riesgo de una "restricción temporal de derechos constitucionales". La falta de publicación inmediata del texto completo del decreto alimentó los temores de que sea utilizado para consolidar el poder y reprimir aún más el espacio democrático bajo la justificación de una amenaza externa.