Durante la ofensiva se incautó un importante arsenal que incluía 15 fusiles, armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 205 kilos de explosivos y un sistema antidrones portátil. El presidente Gustavo Petro confirmó la operación, señalando que era el decimocuarto bombardeo ordenado en su gobierno y que se verificó la no presencia de menores. Poco después del ataque aéreo, se reportó el secuestro de dos profesionales de la salud en el corregimiento de San Pablo, Teorama. Las autoridades manejan la hipótesis de que el ELN los habría raptado para forzarlos a atender a los guerrilleros heridos en los bombardeos. La cúpula de las Fuerzas Militares se trasladó a Norte de Santander para supervisar las operaciones, que según el comandante general, continuarán para enfrentar al ELN y proteger a la población civil. La Defensoría del Pueblo, por su parte, advirtió sobre un posible aumento de desplazamientos en la zona a raíz de la intensificación de los enfrentamientos.