La extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda criminal ‘La Inmaculada’, ha desencadenado un grave escándalo político en Colombia. Horas antes de la reunión entre los presidentes Petro y Trump, la precandidata presidencial Vicky Dávila reveló un audio en el que ‘Pipe Tuluá’ asegura haber financiado la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 a través de su hermano, Juan Fernando Petro. En la grabación, el capo afirma tener pruebas contundentes como “videos, audios, consignaciones”, donde se demostraría que “a su hermano sí lo compramos y le pasamos mucho dinero para su campaña”.
Además, menciona que los pagos no solo fueron para fines electorales, sino también para “otras cosas de la Dian”.
‘Pipe Tuluá’ advirtió que entregará dichas pruebas a la justicia estadounidense, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
A raíz de esta revelación, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones contra el presidente Petro por presunta financiación con fuentes prohibidas y otros delitos.
Desde Estados Unidos, el presidente Petro negó las acusaciones, afirmando que “a mí esos chantajes no van conmigo” y que su hermano le aseguró que “eso no existe”.
Por su parte, Juan Fernando Petro también negó los señalamientos, calificándolos de montaje y denunciando intentos de extorsión previos.
Este nuevo episodio pone bajo intenso escrutinio la financiación de la campaña ‘Petro Presidente’ y añade tensión al ya polarizado ambiente político del país.
En resumenLa revelación de un audio en el que alias 'Pipe Tuluá' afirma haber financiado la campaña de Gustavo Petro, coincidiendo con su extradición, ha generado una crisis política. A pesar de las negaciones del presidente y su hermano, la denuncia ya está en manos de la Comisión de Acusaciones, abriendo un nuevo frente judicial y de debate sobre la transparencia electoral.