La nueva normativa, que se tramitará próximamente, obligará a las plataformas tecnológicas a implementar sistemas de verificación de edad efectivos y respetuosos con la privacidad. Además, se establecerán responsabilidades legales directas para los altos directivos de las compañías, quienes podrían enfrentar consecuencias penales por la difusión de contenidos ilegales. La iniciativa española se alinea con una tendencia regulatoria global, siguiendo el ejemplo de países como Australia y Francia, que buscan imponer un control más estricto sobre las grandes tecnológicas. La medida ha generado un debate sobre su implementación técnica, especialmente en lo que respecta a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, que poseen funciones sociales, y sobre los métodos de verificación de edad que no comprometan los datos personales de los usuarios. El Gobierno español trabaja en una herramienta soberana para confirmar la mayoría de edad sin revelar la identidad completa, buscando un equilibrio entre protección y privacidad.