Simultáneamente, el descontento social se ha hecho visible con masivas protestas. En El Patía, cerca de 7.000 campesinos marcharon pacíficamente para rechazar el regreso de las fumigaciones con glifosato, coreando que “el glifosato acaba con nuestras vidas” y exigiendo al Gobierno una mesa de diálogo para la sustitución voluntaria de cultivos. En una línea similar, en el municipio de Morales, alrededor de 5.000 campesinos, indígenas y afrodescendientes se declararon listos para iniciar la sustitución voluntaria, pero condicionaron su avance a una inversión social inmediata del Estado en vías, educación y proyectos productivos. Esta dualidad de respuestas —militar y social— evidencia la complejidad de la crisis en el departamento.