La decisión se tomó tras una fuerte controversia por las drásticas sanciones que contemplaba contra conductores, usuarios, plataformas e incluso propiedades horizontales.

El proyecto, radicado el 20 de enero por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, calificaba como “ilegales” los servicios prestados en vehículos particulares a través de aplicaciones. José Daniel López, presidente de Alianza In, gremio que representa a las plataformas, advirtió que la iniciativa era un “intento de prohibición con sanciones draconianas”. Entre las medidas más polémicas, se planteaba la inmovilización de vehículos por hasta 120 días, multas de casi $4,7 millones por viaje para usuarios y plataformas, y sanciones de hasta $726 millones para conjuntos residenciales que permitieran el estacionamiento de estos vehículos. El jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte, Luis Gabriel Serna, anunció el retiro del proyecto debido a “erradas interpretaciones de algunos artículos”. Afirmó que se harán ajustes al articulado “de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública”. La empresa Uber había rechazado la propuesta en un comunicado, señalando que el debate debería darse desde el “diálogo, el sentido común y una visión de futuro para la economía y la movilidad del país”, en lugar de “criminalizar la movilidad compartida”. La iniciativa también fue criticada por limitar la libertad de expresión de funcionarios públicos al prohibirles emitir opiniones favorables a las plataformas.