La apuesta del gobierno Petro por convertir el Caribe en un epicentro de energías limpias muestra un panorama de contrastes en el departamento de Córdoba. Un análisis en terreno revela que mientras los proyectos solares a gran escala impulsados por el sector privado avanzan y ya generan energía, las iniciativas con inversión pública directa enfrentan retrasos significativos en su ejecución. El proyecto solar "La Unión", inaugurado por el presidente en 2024 cerca de Montería, es un ejemplo del éxito privado. Financiado por la multinacional Zelestra con una inversión de 200 millones de dólares, esta granja de más de 221 mil paneles ya está operando y vendiendo energía a Afinia. Su construcción generó una "revolución laboral" en el corregimiento de El Cerrito, donde se contrató a más de 250 personas, formándolas en instalación de paneles.
Sin embargo, los habitantes locales atribuyen el mérito a la empresa privada y no perciben el proyecto como una iniciativa del gobierno Petro.
En contraste, los proyectos con capital público muestran un avance más lento.
El Territorio Solar de Tierralta, lanzado en mayo de 2025 con una inversión de casi 7 mil millones de pesos y construido por la Unión Temporal Energiza, aún no genera un solo vatio de energía para las 500 familias vulnerables que debía beneficiar, a pesar de que la obra se terminó hace ocho meses. Según Fenoge, la entidad a cargo, el proyecto tiene un 95% de avance y se conectará a la red el 3 de febrero, atribuyendo los retrasos a la temporada de lluvias.
En las zonas rurales no interconectadas, el programa del Ipse para instalar paneles en 1.112 hogares también presenta demoras, con obras que apenas comenzaron la semana pasada.
En resumenLa estrategia de transición energética del gobierno Petro en Córdoba evidencia una brecha entre la agilidad del sector privado y los desafíos de ejecución del sector público. Mientras las grandes granjas solares privadas ya operan y generan impacto local, los proyectos comunitarios financiados por el Estado sufren retrasos, poniendo a prueba la capacidad del gobierno para materializar sus promesas de una "democratización" de la energía.