La reacción del Gobierno fue dual.

Mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que acataría la decisión e interpondría los recursos correspondientes, el presidente Petro lanzó un fuerte ataque. En un discurso en La Guajira, Petro criticó a "algunos magistrados que se dejan obnubilar por el billete" y a economistas "alucinados" que no ven la realidad del gasto social. La suspensión del decreto agrava la situación fiscal del Gobierno, que ya enfrentaba dificultades tras el hundimiento de la reforma tributaria. Con esta decisión, se caen la contribución parafiscal del 2,5%, el impuesto especial a los hidrocarburos y la limitación a la deducibilidad de las regalías, afectando principalmente a los sectores financiero y energético.