La medida, que busca contener las presiones inflacionarias, fue adoptada por una mayoría dividida y generó una reacción inmediata del Gobierno Nacional.

La decisión se fundamentó en el comportamiento de la inflación, que en diciembre se ubicó en 5,1%, y en el aumento de las expectativas de inflación para finales de 2026, que escalaron significativamente. Según el Emisor, factores como el dinámico crecimiento económico del último trimestre de 2025, impulsado por la demanda interna, y el ensanchamiento del déficit en cuenta corriente también influyeron en la deliberación. La votación reflejó una clara fisura dentro de la Junta: cuatro directores votaron por el aumento de 100 puntos básicos, mientras que dos se inclinaron por una reducción de 50 puntos y un director votó por mantener la tasa sin cambios. Esta división evidencia las diferentes posturas sobre cómo equilibrar el control de la inflación con el riesgo de desacelerar la economía. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, criticó la decisión, calificándola de