Materialmente, consideró que los problemas fiscales del país no constituían hechos sobrevinientes e imprevisibles.

Como consecuencia, quedaron sin efecto inmediato los decretos derivados que establecían, entre otros, el aumento del IVA a licores y juegos de azar, un nuevo impuesto al patrimonio y una sobretasa al sector financiero. La decisión fue celebrada por gremios como la ANDI y sectores de oposición, quienes la calificaron como una defensa de la institucionalidad y el Estado de derecho. El presidente Gustavo Petro reaccionó enérgicamente, calificando la medida como una “ruptura real del orden constitucional” y un acto de “prejuzgamiento”.

A través de sus redes sociales, afirmó que la Corte actuó por razones políticas: “porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia”. La suspensión deja un vacío fiscal de cerca de 11 billones de pesos que el Gobierno esperaba recaudar y genera incertidumbre sobre el destino de los aproximadamente 800.000 millones de pesos que ya se habían recaudado.