Este llamado judicial, que también incluye a su hermano Rafael, sacude al deporte nacional y abre un complejo capítulo legal sobre hechos ocurridos en 2002.

La investigación se remonta al 23 de octubre de 2002, cuando cuatro personas, entre ellas los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez, desaparecieron en una zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, en inmediaciones de predios pertenecientes a la familia Herrera. Según la hipótesis de la Fiscalía, revelada por medios de comunicación, existen indicios de que los hermanos Herrera “habrían contactado a integrantes de las extintas autodefensas campesinas del Casanare, que tenían injerencia en la zona del Sumapaz, para que se llevaran en contra de su voluntad a esas personas”. Uno de los aspectos más críticos del proceso es que se adelanta bajo el sistema penal antiguo (Ley 600), que tiene implicaciones procesales distintas al sistema acusatorio actual. Bajo este marco, la indagatoria es una diligencia clave que puede derivar en una definición de la situación jurídica del implicado, incluyendo la posibilidad de una medida de aseguramiento privativa de la libertad de manera más expedita. El periodista Néstor Morales comentó que, bajo este sistema, es “casi inevitablemente” que el proceso pueda terminar en la cárcel para el exciclista. El delito de desaparición forzada es considerado de lesa humanidad, por lo que no prescribe, permitiendo que la justicia actúe sin importar el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos.