Adicionalmente, otros 558 contratistas presentaron registros incompletos: 201 aparecen solo como inscritos o admitidos sin matrícula ni graduación, y 357 figuran como matriculados pero no graduados.

La representante destacó que en los 35 casos más graves, los títulos fueron otorgados antes de que los funcionarios presentaran las pruebas Saber Pro, un requisito legal indispensable para graduarse. "La ley establece claramente que ninguna universidad puede entregar títulos de grado sin que las personas hayan presentado el Saber Pro y el Saber TyT", afirmó Pedraza. Ante estos hallazgos, la congresista solicitó la intervención inmediata de la Fundación San José por parte del Ministerio de Educación y pidió a la Procuraduría abrir una indagación preliminar contra el ministro Daniel Rojas por una presunta inacción frente a las denuncias, que iniciaron hace seis meses con el caso de Juliana Guerrero, cuyo nombramiento como viceministra de Juventudes no se completó tras las primeras revelaciones.