El decreto de emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro enfrenta un creciente escrutinio político y jurídico, con voces críticas que ahora incluyen a exfuncionarios de su propia administración y mandatarios regionales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente a la Corte Constitucional la suspensión de los efectos del decreto, argumentando su manifiesta inconstitucionalidad y el riesgo de generar efectos irreversibles. Rendón sostiene que la declaratoria, justificada en un déficit fiscal, rompe la separación de poderes al permitir que el Ejecutivo "usurpe las funciones del órgano legislativo" y adopte medidas tributarias de efecto inmediato. Alega además que la expedición del decreto durante la vacancia judicial buscaba eludir temporalmente el control constitucional. Paralelamente, en el Senado se llevó a cabo un debate de control político donde los ministros defendieron la medida.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, responsabilizó al Congreso por la emergencia al no aprobar la reforma tributaria.
Sin embargo, congresistas como Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical expresaron su insatisfacción con las explicaciones, señalando que las crisis invocadas no son sobrevinientes ni imprevisibles.
A estas críticas se sumaron dos ex altos funcionarios del gobierno Petro: el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el exdirector del DNP, Jorge Iván González.
Ambos enviaron conceptos a la Corte Constitucional concluyendo que la emergencia "no se justifica". Ocampo afirmó que el deterioro fiscal se debe a una "expansión significativa y discrecional del gasto" y a una presupuestación deficiente, mientras que González argumentó que "los errores de estimación no se pueden considerar hechos sobrevinientes". Estas posturas refuerzan la presión sobre la Corte Constitucional, que deberá decidir sobre la validez de una de las medidas más controvertidas del Ejecutivo.
En resumenEl decreto de emergencia económica del Gobierno Petro enfrenta una fuerte oposición que ahora incluye al gobernador de Antioquia y a ex altos funcionarios como José Antonio Ocampo y Jorge Iván González, quienes argumentan su inconstitucionalidad. Mientras el Ejecutivo defiende la medida en el Congreso, la Corte Constitucional deberá evaluar los crecientes reparos que señalan que la crisis fiscal no constituye un hecho sobreviniente que justifique facultades extraordinarias.