Por su parte, el magistrado Cortés solicitó una suspensión parcial, enfocada en los impuestos indirectos como el IVA del 19% a bebidas alcohólicas y apuestas en línea. La controversia se ha agudizado con la recusación presentada por el Gobierno contra el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, para apartarlo del debate, argumentando que sus opiniones previas en medios comprometen su imparcialidad. Ibáñez, a su vez, se declaró impedido.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó de “politiqueros” a los magistrados que impulsan la suspensión y defendió la emergencia como “la salvación macroeconómica del país”. La Sala Plena deberá decidir en los próximos días si acepta la suspensión, una medida cautelar inusual que requiere al menos cinco votos y cuyo resultado podría redefinir el equilibrio de poderes en el país.