Para evitar un colapso del sistema y un posible efecto contagio, el Gobierno del presidente Petro, en el marco de la emergencia económica, expidió un decreto que implementa medidas de financiamiento que impactarán a todos los colombianos. La primera medida es una contribución parafiscal del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos de las empresas generadoras de energía. La segunda es una contraprestación en especie, donde las generadoras hidráulicas deberán entregar el 12 % de su energía para apoyar a las compañías intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta. Adicionalmente, y de manera más directa para los consumidores, el Ministerio de Minas y Energía anunció un cobro temporal de 8 pesos por kilovatio hora en la tarifa de energía a nivel nacional. Este recargo busca recaudar los fondos necesarios para cubrir una deuda cercana a los 2 billones de pesos y mitigar riesgos sistémicos en el sector eléctrico. El abogado Jaime Lombana, vocero de la empresa, advirtió que una posible liquidación de Air-e “sería para tapar hechos de la intervención”.