El corredor vial que une Manizales, Pereira y Armenia ha sido administrado por capital privado desde 1997, y su contrato actual tiene vigencia hasta 2027. El Gobierno argumenta que el modelo de concesión es inequitativo y está agotado, y que el interés público debe prevalecer sobre los beneficios privados. La medida busca aliviar el gasto que representan los peajes para los ciudadanos.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia.

Gremios como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) han advertido que terminar un contrato de forma unilateral podría generar una gran incertidumbre jurídica, provocar demandas millonarias contra el Estado y afectar la confianza de los inversionistas en futuros proyectos de infraestructura en Colombia. Aunque el Gobierno ha manifestado su intención de intervenir, tanto el concesionario como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) han señalado que no han recibido una notificación formal de terminación anticipada. La polémica ha reavivado un debate estructural sobre si el Estado debe asumir directamente la gestión de las carreteras o continuar con el modelo de concesiones, y cómo se financiaría el mantenimiento de las vías sin el recaudo de los peajes.