El proyecto normativo establece que cada persona podría tener una cuenta por operador, con topes de montos definidos por MinTIC, y que los recursos de los clientes no serían propiedad del operador postal.

Sin embargo, gremios como Asobancaria, Colombia Fintech y Confecoop han manifestado una fuerte oposición.

Advierten sobre un posible “arbitraje regulatorio”, ya que las empresas postales no estarían sujetas a la misma estricta regulación que el sistema financiero, incluyendo la supervisión de la Superintendencia Financiera y la protección del seguro de depósitos de Fogafín. Gabriel Santos, de Colombia Fintech, señaló que la medida podría generar riesgos de lavado de activos, desprotección de los usuarios y una fragmentación del sistema de pagos, además de la preocupación por movimientos de dinero en efectivo en un año electoral.