El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha publicado un borrador de decreto que busca obligar a los fondos privados de pensiones a repatriar una parte significativa de sus inversiones en el exterior, generando una fuerte reacción de Asofondos y Grupo Sura. La propuesta plantea reducir gradualmente el límite de inversión en el extranjero del 50% actual al 30% en un plazo de cinco años, lo que implicaría el regreso de cerca de $100 billones al mercado local. El Ejecutivo argumenta que la medida busca proteger los ahorros de la volatilidad de los mercados externos e incentivar la inversión en proyectos productivos nacionales para dinamizar la economía colombiana. Sin embargo, los fondos privados y analistas económicos han encendido las alarmas sobre los riesgos de esta decisión. Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura, accionista mayoritario de Protección, expresó su preocupación sobre cómo realizar este proceso de manera ordenada para que "los millones de colombianos que tienen ahorros pensionales no pierdan valor".
Jaramillo comparó la propuesta con medidas adoptadas en Chile y Perú, donde los retiros obligaron a los fondos a liquidar activos, afectando la rentabilidad. Por su parte, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que limitar la diversificación puede afectar negativamente la rentabilidad y la adecuada gestión del riesgo, lo que se traduciría en "menos rentabilidad de los ahorros y, por ende, menos pensiones para los trabajadores". Expertos como Andrés Pardo de XP Investments y Mónica Higuera, exdirectora de la URF, coinciden en que la diversificación internacional ha sido clave para proteger y aumentar los ahorros de los colombianos. Según estudios de Anif, sin estas inversiones, los ahorros pensionales habrían sido un 31% menores en los últimos 20 años.
La discusión se enmarca en una puja ideológica sobre el rol del Estado en la gestión de recursos privados.
En resumenEl borrador de decreto del Gobierno para forzar la repatriación de una parte de los ahorros pensionales invertidos en el exterior ha provocado una fuerte controversia. Mientras el Ejecutivo defiende la medida para impulsar la economía local, los fondos privados y expertos advierten que limitar la diversificación de las inversiones pone en riesgo la rentabilidad de los ahorros y, en consecuencia, el valor de las futuras pensiones de millones de trabajadores colombianos.