Esta situación ha generado un intenso debate político y jurídico.

La Presidencia presentó una recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, para apartarlo del debate sobre la legalidad de la emergencia, argumentando que comprometió su imparcialidad al opinar sobre el tema en una entrevista. Ibáñez había radicado una solicitud para suspender provisionalmente los efectos del decreto.

A pesar de la controversia, se prevé que el magistrado se declare impedido y que la Corte no suspenda la emergencia, sino que se pronuncie sobre el fondo del asunto más adelante. Mientras tanto, el Senado ha citado a un debate de control político para el 27 de enero, donde el gabinete ministerial deberá explicar en detalle las motivaciones y alcances de la medida.