La decisión fue comunicada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien a través de sus redes sociales afirmó que, a pesar de los "esfuerzos reales de cooperación" de su país, sus militares "siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna". Noboa advirtió que la "tarifa de seguridad" se mantendrá "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera". Esta medida se suma a una serie de fricciones recientes, como la deportación masiva de presos colombianos desde Ecuador en 2025 y el cierre de varios pasos fronterizos por parte de Quito, decisiones que el gobierno colombiano calificó de "unilaterales" e "inamistosas". Aunque el presidente Gustavo Petro asistió a la posesión de Noboa, las relaciones no han sido cercanas, marcadas por cuestionamientos mutuos. El impacto económico para Colombia podría ser significativo, ya que Ecuador es el sexto destino de sus exportaciones totales y el segundo mercado para los productos no minero-energéticos.

Entre enero y noviembre de 2025, las ventas a ese país sumaron 1.673 millones de dólares.

Los rubros más afectados por el nuevo arancel serían la energía eléctrica, medicamentos, vehículos, café sin tostar y azúcares de caña, que verán reducida su competitividad.