La Nueva EPS, la aseguradora con más afiliados en el país, enfrenta una crisis sin precedentes tras la imposición de embargos judiciales que superan los $2,1 billones, comprometiendo su operación y la atención de más de 11,7 millones de usuarios. La entidad advirtió que las medidas, ordenadas por cuatro juzgados, ponen en riesgo el pago a su red de casi 5.000 prestadores y proveedores. Los embargos se derivan de demandas interpuestas por 95 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), en su mayoría privadas, durante el proceso de intervención de la entidad. La cifra embargada, que se duplicó desde noviembre de 2025, equivale a la totalidad de la operación de un mes y ha llevado al bloqueo de cuentas bancarias y a la retención de recursos de tesorería, limitando a la EPS a operar únicamente con el giro directo semanal de la Adres. La Nueva EPS argumenta que estas medidas son inconstitucionales, ya que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son inembargables por su naturaleza parafiscal y su destinación específica a garantizar el derecho a la salud. La situación escaló al más alto nivel del Gobierno, donde el presidente Gustavo Petro, en un consejo de ministros, reaccionó a un concepto del Consejo de Estado que permite usar recursos de la UPC para pagar deudas anteriores.
Petro afirmó que con dicho fallo, "no queda otro camino que liquidar las EPS, las mandaron a un barril sin fondo".
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se sumó a la crítica, calificando a los jueces responsables de los embargos como "corruptos" y denunciando que la situación tiene bloqueada a la aseguradora. La crisis de la Nueva EPS se enmarca en la situación de ocho entidades intervenidas que atienden a 29,5 millones de personas y acumulan deudas por $32,9 billones, según la Contraloría.
En resumenLa Nueva EPS enfrenta embargos judiciales por más de $2,1 billones, lo que amenaza su operatividad y la atención a 11,7 millones de afiliados. La crisis, derivada de demandas de IPS, ha llevado al presidente Petro a sugerir la liquidación de las EPS intervenidas, argumentando que un reciente fallo del Consejo de Estado las convierte en un "barril sin fondo".
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