La medida ha generado un intenso debate político. El presidente del Senado, Lidio García, la calificó como un "castigo político" y recordó que el presidente Petro, durante sus casi 20 años como congresista, "jamás expresó inconformidad" con dicha prima. García sostuvo que la decisión no es una "cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que viene si el Congreso no aprueba las reformas". Por otro lado, la medida recibió el respaldo de congresistas de diversas bancadas, incluyendo a Catherine Juvinao y Angélica Lozano, quienes la calificaron como un avance en justicia y equidad. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la celebró como "un acto de justicia social que acompaña el aumento del salario mínimo". A pesar de que en la última década se hundieron más de 20 proyectos de ley con un objetivo similar, el Gobierno optó por la vía del decreto, generando un ahorro mensual estimado en menos de 4.500 millones de pesos.