Los crímenes fueron perpetrados por el Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo el mando directo de Mancuso. Entre los hechos documentados se encuentra la incursión a la ranchería Manaki en Uribia, el 10 de octubre de 2003, donde varios indígenas fueron golpeados, sus bienes culturales destruidos y se cometieron homicidios. La condena también incluye una multa de 30.000 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Además, el tribunal ordenó reconocer a las comunidades Wayúu de las regiones de Carraipia, Majayura, Malaki y Matitas como sujetos de reparación colectiva. A pesar de la pena de 40 años, Mancuso podría acceder a una sentencia alternativa de ocho años de prisión, conforme a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, si cumple con los compromisos de verdad, justicia y reparación. Actualmente, Mancuso ostenta el rol de gestor de paz, designado por el presidente Gustavo Petro, una figura que añade complejidad a su situación judicial y al cumplimiento efectivo de la condena.