A pesar del fallo judicial en su contra, Ramírez volvió a postularse y se impuso sobre otros cinco candidatos.

La nulidad de su primer mandato fue declarada porque, aunque fue elegido con el aval de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, apoyó públicamente a candidatos al Concejo municipal que tenían el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), lo cual está prohibido por la ley. Tras confirmarse su victoria, el reelegido mandatario anunció que continuará con el programa de gobierno que ya venía desarrollando. Aseguró que se concentrará en “escenarios deportivos, pavimentación y recuperación de la malla vial, señalización de tránsito y otros proyectos incluidos en el plan de trabajo”. El evento electoral transcurrió con normalidad en los 39 puestos de votación habilitados por la Registraduría. Este caso se convierte en un hecho político inusual en Colombia, demostrando que una sanción legal por doble militancia no necesariamente se traduce en una pérdida del respaldo popular en las urnas, permitiendo a un mandatario destituido regresar al poder de manera inmediata por la vía del voto.