Este aval jurídico podría ofrecer un mecanismo para aliviar la asfixia financiera de la red hospitalaria. La crisis se hizo visible con el testimonio de Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael, quien confesó entre lágrimas la imposibilidad de cumplir con los pagos a 460 trabajadores y proveedores.

“Fue muy duro ver en diciembre a mis funcionarios llorando porque no tenían cómo comer, pagar su arriendo o darles un regalo a sus hijos, y yo sin poder hacer nada porque desde agosto la Nueva EPS no nos paga”, expresó.

Según Arroyave, las EPS adeudan al hospital más de 27.000 millones de pesos, siendo las intervenidas por el Gobierno, como Savia Salud y Nueva EPS, las que tienen mayores obligaciones pendientes.

La Procuraduría también ha intervenido, exigiendo a la Nueva EPS adoptar medidas inmediatas para corregir fallas en la entrega de medicamentos.