La medida de los mandatarios regionales es un rechazo directo a los cambios tributarios sobre licores y cigarrillos, que consideran una vulneración de su autonomía fiscal. La controversia se centra en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, que, en el marco de la emergencia económica, elevó el IVA para licores, vinos y aperitivos del 5 % al 19 %, y fijó el componente ad valorem del impuesto al consumo en 30 % sobre el precio de venta al público.

Los gobernadores, liderados por figuras como Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca y Andrés Julián Rendón de Antioquia, argumentan que estos tributos son “rentas cedidas” constitucionalmente a los departamentos y su recaudo es fundamental para financiar sectores clave como salud, educación y deporte.

En una reunión extraordinaria en la Federación Nacional de Departamentos (FND), acordaron no aplicar la norma y anunciaron acciones legales ante la Corte Constitucional. El gobernador Rendón fue uno de los primeros en manifestar su postura, afirmando que aplicará la “excepción de inconstitucionalidad” y que las medidas del Gobierno le costarían a su departamento cerca de 1,5 billones de pesos.

Por su parte, la gobernadora Toro declaró: “No vamos a tener recursos para salud, educación ni deporte”.

En respuesta, el Ministerio de Hacienda citó a los mandatarios a una mesa de trabajo para el 19 de enero, asegurando que el decreto no afecta las rentas territoriales. La DIAN también se pronunció, advirtiendo que “el camino no es el desacato”.