El portavoz adjunto, Tommy Pigott, afirmó que la institución usará su “autoridad histórica para descalificar a aquellos inmigrantes que puedan representar una posible carga para el erario público”.

Esta medida afecta exclusivamente a las visas de inmigrante, que permiten solicitar la residencia permanente, y no impacta las visas de no inmigrante, como las de turismo, negocios o estudio, las cuales seguirán tramitándose con normalidad. La lista de países afectados es extensa y abarca naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, además de países de África, Asia, Medio Oriente y Europa del Este.

La decisión se fundamenta en la normativa conocida como 'Public Charge Ground of Inadmissibility', que exige a los solicitantes demostrar autosuficiencia económica. Críticos como David Bier, del Instituto Cato, calificaron la política como “la agenda más hostil contra la inmigración legal en la historia del país”, estimando que podría impedir la entrada de unos 315.000 solicitantes en el próximo año.