En una alocución, Petro afirmó: “Acertamos”.

Sostuvo que, contrario a las críticas, mientras el salario real creció un 18 % entre 2022 y 2025, los precios de los alimentos se han mantenido estables, citando como prueba el comportamiento de Corabastos. El mandatario enmarcó el “salario mínimo vital” como una obligación constitucional y ordenó al Ministerio de Hacienda desindexar el precio de la vivienda del salario mínimo para romper una cadena que, a su juicio, encarece artificialmente el costo de vida. Jurídicamente, el Gobierno obtuvo una victoria inicial luego de que un juzgado en Bogotá negara una medida provisional que buscaba suspender el decreto. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la decisión, afirmando que ratifica que la tutela no es el mecanismo para controvertir actos administrativos de carácter general. Sin embargo, la batalla legal continúa en el Consejo de Estado, donde cursan varias demandas. Fenalco, presidido por Jaime Alberto Cabal, calificó la medida como “improvisada, politiquera y demagoga”, argumentando que el Gobierno ignoró criterios técnicos como la inflación y la productividad, y advirtió que podría causar la pérdida de más de 772.000 empleos y la quiebra de mipymes.

El gremio sostiene que el ajuste técnico debió rondar el 6,21 %.