El organismo de control advirtió que esta situación genera un “doble costo” para el Estado. Por un lado, una pérdida de eficiencia económica, ya que los recursos permanecen en portafolios de baja rentabilidad, generando rendimientos inferiores al valor que podrían producir si se ejecutaran oportunamente en proyectos estratégicos. Por otro lado, una pérdida de eficacia social, que se traduce en demoras en la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, afectando el cumplimiento de los objetivos de política pública. El informe de la Contraloría detalla que, de una muestra analizada de $390.265 millones, el Ministerio de Vivienda es la entidad con el mayor nivel de recursos inmovilizados, concentrando $165.255 millones (42,34%). Le siguen el Ministerio de Comercio con $109.320 millones (28,01%) y el Ministerio de Salud con $67.792 millones (17,37%).

En cuanto a las entidades fiduciarias que administran estos fondos, los mayores montos se encuentran en Scotiabank Colpatria ($168.081 millones), Fiduciaria La Previsora ($74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($46.979 millones), lo que evidencia una alta concentración en pocas entidades. La Contraloría hizo un llamado al Gobierno Nacional, explicando que estos problemas generan retrasos, rigidez operativa y una pérdida general de eficiencia en la gestión pública.