El aumento de $350 en la tarifa del sistema de transporte público de Bogotá, que unifica el pasaje de TransMilenio y SITP en $3.550 a partir de 2026, ha desatado un enfrentamiento entre la administración distrital y el Gobierno Nacional. Mientras la Alcaldía defiende la medida como necesaria para la sostenibilidad del sistema, el Ministerio de Transporte la ha cuestionado por superar la inflación y ha anunciado una revisión técnica. La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, y el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva, justificaron el incremento del 10,9% argumentando que responde principalmente al alza del salario mínimo, que impacta directamente los costos laborales y operativos. Silva señaló que el ajuste es inferior a la variación del salario mínimo y que en otras ciudades del país los aumentos han sido incluso mayores.
Además, instó a no convertir la discusión en un “pleito político para atacar a @CarlosFGalan”.
En contraste, el Ministerio de Transporte, en cabeza de la ministra María Fernanda Rojas, emitió un comunicado en el que califica de “excusa” el uso del salario mínimo como justificación principal, argumentando que la variable de referencia suele ser el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La cartera solicitó a TransMilenio un análisis técnico riguroso y transparente que desglose todos los componentes de costo. La controversia escaló con la intervención del presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de X condicionó la no subida de la tarifa a la entrada de $562.000 millones adicionales por parte del Gobierno Nacional para la compra de flota eléctrica, un monto que, según el alcalde Carlos Fernando Galán, no está contemplado en el convenio actual. La Alcaldía ha reiterado su disposición a un diálogo técnico con los ministerios de Hacienda y Transporte para buscar soluciones conjuntas al déficit del sistema.
En resumenEl aumento de la tarifa de TransMilenio a $3.550 ha provocado una disputa pública entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. La administración local lo justifica por el alza del salario mínimo, mientras que el Ministerio de Transporte lo considera excesivo y ha solicitado una revisión técnica, evidenciando un profundo desacuerdo sobre la financiación del transporte público en la capital.